Resumen: Confirma la sentencia apelada que declaro haber lugar al desahucio por precario planteado. Entiende acreditado tanto la titularidad de la parte actora sobre el inmueble litigioso, que se justifica con la información registral aportada como la inexistencia de un contrato de arrendamiento verbal con el anterior propietario al que hacía referencia en su escrito de contestación a la demanda, por lo que ha de ser confirmada la estimación de la acción de desahucio por precario. Rechaza que proceda la suspensión del curso del procedimiento en el acto de la vista, puesto que ninguna nulidad de la sentencia ni de lo actuado se solicita en el recurso, sin que pueda ser ésta declarada de oficio por el tribunal de apelación y, además, la normativa que establecía la posibilidad de suspensión en relación con hogares vulnerables sin alternativa habitacional, se limitaba a los procedimientos de desahucio derivados de contratos de arrendamiento de vivienda sujetos a la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbano", lo que no es el caso presente, en el que no consta la existencia de contrato de arrendamiento, ni verbal ni escrito. Y ello sin perjuicio de que la situación de vulnerabilidad y falta de alternativa habitacional de la demandada y de su familia pueda en su caso tener virtualidad y ser objeto de examen y resolución en relación a una posible suspensión del lanzamiento durante la ejecución de la sentencia.
Resumen: El Tribunal Supremo ha establecido que cuando a la acción de desahucio por falta de pago se acumula la de reclamación de cantidades debidas, el demandado puede oponerse alegando y probando las razones por las que entiende que no debe en todo o en parte la suma reclamada. Se alega como motivo de oposición que al carecer de antecedentes urbanísticos y licencias el edificio arrendado para la explotación de la actividad (hotel de estudiantes), la demandada no obtuvo los permisos necesarios hasta que transcurrió un dilatado periodo de tiempo y que este hecho es imputable a la propiedad, pues ella estaba por contrato obligada a solicitarlos pero la carencia de antecedentes necesarios para su concesión, no le es imputable y aunque se pactó un periodo de carencia respecto de la renta de doce meses, entiende que hasta que no pudo demostrar que estaba destinado a uso distinto del residencial, no debe empezar a computarse el plazo. El Tribunal, analizando las pruebas practicadas, entiende que no ha quedado acreditado que este retraso sea imputable a la parte arrendadora y ya se pactó un periodo de carencia en el pago de la renta y durante ese periodo podrían haberse obtenido las licencias. Respecto de la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus, por el cese de la actividad a consecuencia del confinamiento por la pandemia, se establece que no es causa que pueda invocarse como excepción y además se plantea de forma genérica, por lo que no se estima.
